Día Mundial de la Justicia Internacional

El Día Mundial de la Justicia Internacional se conmemora desde 1998 en que el Tratado de la Corte Penal Internacional fue adoptado por la comunidad internacional. Cada año, activistas de derechos humanos alrededor del mundo aprovechan este día para organizar eventos y actividades para promover la justicia internacional y para apoyar la Corte Penal Internacional. En el mundo se conmemora los esfuerzos llevados a cabo por las instituciones como la Corte Penal Internacional, los gobiernos, y las Organizaciones No Gubernamentales en pro de los principios de la justicia internacional. La justicia internacional es la forma de resolver las controversias entre naciones, y entre los ciudadanos y su Estado, cuando se trata de derechos humanos o de la persecución penal internacional de individuos que han atentado contra la humanidad; también estaríamos contemplando en la misma la actuación, informes y recomendaciones de los organismos de supervisión en todas las áreas que Naciones Unidas y otras organizaciones regionales envían En este año, se cumplen nueve años desde la histórica adopción de Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por la comunidad internacional.

Se han hecho importantes progresos en el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002.
Noventa y cuatro Estados, casi la mitad de la comunidad internacional, han ratificado el Estatuto de Roma, comprometiéndose a iniciar investigaciones y enjuiciamientos por delitos tipificados en él en sus tribunales nacionales; la CPI sólo intervendrá si éstos no pueden o no están dispuestos a hacerlo.

La CPI no es la única institución del incipiente sistema de justicia internacional. Este nuevo sistema de justicia tiene varios niveles de funcionamiento. Hay que señalar que la responsabilidad de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por delitos tipificados en el derecho internacional recae en primer lugar en los fiscales y tribunales nacionales. Puesto que los tribunales nacionales e internacionales solo podrán juzgar a un pequeño número de autores de los peores delitos que conoce la humanidad, los tribunales nacionales seguirán siendo el medio primario de la comunidad internacional para iniciar juicios por estos delitos. La comunidad internacional debe cerciorarse de que los tribunales tienen los instrumentos necesarios para hacerlo, entre ellos legislación efectiva, tratados de extradición y asistencia jurídica mutua, procedimientos justos y recursos suficientes en particular personal con experiencia. En el caso de que las instituciones nacionales no estén dispuestas a cumplir con su obligación o no puedan hacerlo; existe, además de la CPI, un creciente número de tribunales internacionales e internacionalizados que están desempeñando o tienen la posibilidad de desempeñar importantes funciones a la hora de hacer justicia a las víctimas de los delitos tipificados en el derecho internacional.
Los progresos realizados en la justicia internacional este año marcan el comienzo de una nueva era en que los tribunales nacionales, la CPI y otros tribunales internacionales e internacionalizados pueden hacer justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Transmiten un mensaje enérgico a quienes se propongan cometer tales delitos para que sepan que tendrán que rendir cuentas por sus actos.
Todos los Estados deben aprovechar esta oportunidad para consolidar su compromiso con la justicia internacional ratificando el Estatuto de Roma a fin de aceptar la jurisdicción de la CPI y reformando la legislación nacional existente o promulgando leyes nuevas para abarcar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La comunidad internacional debe, asimismo, garantizar que todo el sistema de justicia internacional es efectivo; lo cual se aplica a la CPI, otros tribunales internacionales e internacionalizados (que tienen el potencial de complementar a la CPI) y, por supuesto, los tribunales nacionales. Todas estas instituciones deben hacer justicia a todas las víctimas, cumplir las más estrictas normas de justicia internacional y recibir el apoyo económico y político necesario para funcionar con eficacia. No garantizar ésto supone comprometer la justicia y menoscabar el imperio de la ley.